Examen oficial Gestión Procesal 2024 (modelo B)

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   Según el artículo 385 del Real Decreto Legislativo 1/ 2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la oposición a la aprobación judicial del convenio deberá presentarse:

   • a)En el plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el LAJ.
   • b)En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el juez.
   • c)En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el LAJ.
   • d)En el plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación por el juez.
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   Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de:

   • a)Todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
   • b)Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
   • c)Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
   • d)La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
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   Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de:

   • a)Personal, administración y gestión patrimonial.
   • b)Recursos humanos, contratación y gestión económico-presupuestaria.
   • c)Función pública, administración y gestión patrimonial.
   • d)Personal, contratación y subvenciones.
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   Pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública:

   • a)Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, cuando una ley lo autorice expresamente.
   • b)Los particulares cuando obren por delegación de ella.
   • c)Los particulares cuando obren como meros agentes de ella.
   • d)Los particulares cuando obren como mandatarios de ella.
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   De acuerdo con la LJCA, el plazo para interponer recurso de lesividad será de:

   • a)Seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
   • b)Dos meses a contar desde la declaración de lesividad, con las excepciones previstas en el artículo 26 de la LJCA.
   • c)Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
   • d)Dos meses a contar desde el día de la notificación de la declaración de lesividad.
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   Los recursos directos contra disposiciones generales serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo:

   • a)Sin excepción alguna.
   • b)Salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
   • c)Salvo los procesos especiales.
   • d)Cuando así lo considere el órgano jurisdiccional, a instancia de cualquiera de las partes.
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   De acuerdo con la LJCA, las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde:

   • a)El día siguiente en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido l a disposición anulada.
   • b)El día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.
   • c)El día siguiente en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el Boletín Oficial del Estado.
   • d)El día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada, salvo en los casos tasados que determina el artículo 68 de la LJCA.
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   La LJCA, al regular el procedimiento abreviado, contempla que el juez, en su caso, podrá adoptar la decisión que considere en relación con la adecuación del procedimiento por razón de la materia, de acuerdo con el artículo 78.9 de la LJCA, decisión frente a la que:

   Anulada por el tribunal: se muestra, pero no puntúa.

   • a)Se dará recurso de súplica.
   • b)Se dará recurso de apelación.
   • c)Se dará recurso de reposición.
   • d)No se dará recurso alguno.
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   Son apelables los autos dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:

   • a)Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares, en un solo efecto.
   • b)Los recaídos en ejecución de sentencia, en ambos efectos.
   • c)Los que declaren la admisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación, en un sólo efecto.
   • d)Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8 de la LJCA, en un sólo efecto.
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    De acuerdo con la LJCA, contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión del recurso de casación:

    • a)Cabrá recurso de reposición.
    • b)Cabrá recurso de apelación en un solo efecto.
    • c)Cabrá recurso de apelación en ambos efectos.
    • d)No cabrá recurso alguno.
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    De acuerdo con la LJCA, la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de:

    • a)Los intereses generales.
    • b)Los derechos fundamentales o las libertades públicas.
    • c)Los intereses económicos.
    • d)Los servicios públicos.
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    Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

    • a)En materia de tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos.
    • b)Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios.
    • c)Sobre las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los oblig ados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales.
    • d)En materia de reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.