La jurisdicción social en España. El proceso laboral ordinario. Régimen de recursos.

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Preguntas de nuestro banco sobre este tema, cada una con el artículo en el que se apoya. Son distintas de las del test gratis.

1. ✍️ Repaso · de nuestro banco de preguntas

   De acuerdo con el artículo 4.3 de la LRJS, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión:

   1. aÚnicamente cuando el proceso penal verse sobre delitos contra la Hacienda Pública en cualquiera de sus modalidades.
   2. bExclusivamente cuando la causa penal se encuentre en fase de instrucción y existan indicios racionales de criminalidad suficientemente acreditados.
   3. cSólo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla.
   4. dEn todo caso, desde su planteamiento por las partes hasta su resolución definitiva por el órgano competente.

2. ✍️ Repaso · de nuestro banco de preguntas

   Según el artículo 4.2 de la LRJS, las cuestiones previas y prejudiciales decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso:

   1. aNo producirán efecto fuera del proceso en que se dicten.
   2. bProducirán efectos de cosa juzgada en todo proceso posterior entre las mismas partes.
   3. cDeberán ser elevadas en consulta al Tribunal Supremo.
   4. dPodrán ser revisadas en cualquier momento por el órgano que las dictó.

3. ✍️ Repaso · de nuestro banco de preguntas

   ¿Cuál de las siguientes materias queda incluida en el ámbito del orden jurisdiccional social conforme al artículo 2.f) de la LRJS?

   1. aLas reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como frente al personal a su servicio vinculado por relación funcionarial o laboral común.
   2. bLa tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, cuando la vulneración tenga conexión directa con la prestación de servicios.
   3. cLas cuestiones litigiosas relativas al mantenimiento y fijación de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga, así como la determinación de los servicios mínimos correspondientes.
   4. dLos litigios de carácter civil entre socios de una sociedad mercantil derivados del incumplimiento de pactos parasociales o de acuerdos societarios internos no vinculados al trabajo.

4. ✍️ Repaso · de nuestro banco de preguntas

   Según el artículo 2.e) de la LRJS, el orden jurisdiccional social garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales frente a:

   1. aÚnicamente ante los órganos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de sus competencias exclusivas, sin reconocer acción jurisdiccional alguna ante el orden social.
   2. bEl empresario y los demás sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia.
   3. cSólo frente a los delegados de prevención y al comité de empresa, con exclusión tanto del propio empresario como de los demás sujetos obligados legal o convencionalmente.
   4. dÚnicamente frente al empresario individualmente considerado, sin contemplar la posibilidad de demandar a los restantes sujetos obligados por la normativa preventiva vigente.

5. ✍️ Repaso · de nuestro banco de preguntas

   Según el artículo 2.p) de la LRJS, el orden social conoce de los conflictos en materia de intermediación laboral que surjan entre:

   1. aLos trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras, así como entre estas últimas y el servicio público de empleo correspondiente.
   2. bExclusivamente entre los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y los de ámbito estatal, así como con las entidades que tengan suscrito convenio de colaboración con cualquiera de ellos.
   3. cSólo entre las empresas de trabajo temporal y los trabajadores contratados por ellas, así como entre dichas empresas y los usuarios finales de la contratación.
   4. dTan sólo entre las agencias de colocación privadas y los trabajadores inscritos en ellas, quedando siempre al margen los servicios públicos de empleo y las restantes entidades colaboradoras autorizadas.