Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.✍️ Tiene pregunta de repaso
A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.
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Conforme al artículo 2, ¿cómo se define un medio adecuado de solución de controversias a los efectos de esta ley?
Respuesta correcta: d) Cualquier actividad negociadora reconocida en leyes estatales o autonómicas a la que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, por sí mismas o con intervención de una tercera persona neutral.
Se apoya en el artículo 2 de Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Artículo 3. Ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de controversias.✍️ Tiene pregunta de repaso
1. Las disposiciones de este título son de aplicación a los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos. A estos efectos tendrán la consideración de conflictos transfronterizos los definidos en el artículo 3 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
En defecto de sometimiento expreso o tácito a lo dispuesto en este título, su regulación será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la actividad negociadora se realice en territorio español.
2. Quedan excluidos, en todo caso, de lo dispuesto en este título las materias laboral, penal y concursal, así como los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
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¿Cuál de las siguientes materias NO queda excluida del ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de controversias según el artículo 3?
Respuesta correcta: c) Los asuntos civiles y mercantiles en los que ninguna de las partes pertenezca al sector público.
Se apoya en el artículo 3.2 de Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Artículo 4. Principio de autonomía privada en el desarrollo de los medios adecuados de solución de controversias.✍️ Tiene pregunta de repaso
1. Las partes son libres para convenir o transigir, a través de estos medios, sobre sus derechos e intereses, siempre que lo acordado no sea contrario a la ley, a la buena fe ni al orden público. Las partes pueden alcanzar acuerdos totales o parciales. En el caso de acuerdos parciales, las partes podrán presentar demanda para ejercitar sus pretensiones respecto a los extremos de la controversia en los que se mantenga la discrepancia.
No obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias, ni aun por derivación judicial, los conflictos que versen sobre materias que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable, pero sí será posible su aplicación en relación con los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 del Código Civil, sin perjuicio de la homologación judicial del acuerdo alcanzado.
2. En ningún caso podrán aplicarse dichos medios de solución de controversias, a los conflictos de carácter civil que versen sobre alguna de las materias excluidas de la mediación, conforme a lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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Conforme al artículo 4, ¿es posible someter a medios adecuados de solución de controversias los conflictos que versen sobre materias no disponibles para las partes?
Respuesta correcta: b) No, en ningún caso, ni aun por derivación judicial, sin perjuicio de que sí pueda aplicarse a los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 del Código Civil.
Se apoya en el artículo 4.1 de Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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